CAMBIO DE CONSTITUCIÓN: Nadie derriba su casa porque no le gusta la cocina.
Imaginen esto: su casa lleva veinte años de haber sido construida y, por el pasar de los años, el cableado eléctrico ha empezado a fallar, algún ambiente requiere ajustes que permitan vivir mejor o, quizá, incluso sea hora de expandir el área construida. Todos supuestos muy valederos que reclaman cambio, pero ninguno lo suficientemente razonable que justifique la demolición total de la edificación. De hecho, si algún contratista de obra nos propusiera ello, dudaríamos y buscaríamos agotar los medios para preservar la estructura del lugar. Lógico: “Nadie derriba su casa porque no le gusta la cocina”.
A pocos meses de las Elecciones Presidenciales 2021, la posibilidad de tener una nueva Constitución ha vuelto a la escena política y robustecido con la crisis política generada por la vacancia del expresidente Vizcarra así como siguiendo los pasos de nuestro hermano país de Chile (que con un rotundo 78% decidió el cambio de la “Constitución de Pinochet”), diversos colectivos del país han venido impulsando nuevamente esta “necesidad” y, qué duda cabe, han logrado insertarlo en la agenda país.
Sin embargo, aunque el tema ya se ha polarizado (cambiarla o no hacerlo), siento que aún estamos a tiempo de dar un paso atrás y hacer el ejercicio de entender la naturaleza de aquello que se pretende cambiar o, como mínimo, saber lo que es y lo que no es. Lo primero, una Constitución es la norma de mayor jerarquía dentro de un país y contiene reglas y principios que ayudan a la cohesión de una sociedad, pero que, sobretodo, sirven para limitar el Ius Imperium del Estado (ojo que esta no siempre es escrita). Lo segundo, la Constitución NO funge de libreta mágica en la que se anota todo aquello que deseamos aparezca de la noche a la mañana en la realidad. Un ejemplo: si quisiéramos que todos tengan acceso a agua potable, el hecho de que esté inserto en la carta constitucional no hará que eso pase (incluso podría dificultarlo). Por lo tanto, debemos ver a la Constitución como un catálogo de derechos que LIMITAN EL PODER DEL ESTADO y de ninguna forma como un listado de deseos que mágicamente se harán realidad.
Sabiendo esto, ¿Cuál es el problema entonces?, Ciertos grupos que pretenden el cambio de Constitución no entienden lo que es una y, por eso precisamente, ven en su redacción una limitante (al no ver sus anhelos escritos en ella) y no una herramienta capaz de conseguir el bienestar de muchos. A estos colectivos podemos clasificarlos en tres grupos:
Los que quieren un cambio, pero equivocan el medio. Por ejemplo, están los que quieren mejores nuestra clase política o imponer mayores castigos a los corruptos, pero que pierden de vista que la Constitución no es medio para tener mejores representantes (eso se hace al momento de votar) y mucho menos para imponer penas (para esto tenemos un código penal).
De hecho, si lo pensasen con calma, al día de hoy ya podemos hacer ambas (votar bien cada vez que vayamos a las urnas y/o modificar el Código Penal –aunque no apoyo esto último-) sin necesidad de cambiar nada en la Constitución actual.
Los que buscan sobreabundar en temas que ya están contemplados. Por ejemplo, garantizar educación o salud para todos los peruanos, el respeto a nuestras comunidades nativas o indígenas o la eliminación de los llamados “monopolios”; todo ello ya previsto en nuestra actual Constitución y que, por el hecho de redactarlo de forma distinta o hacer una que otra precisión, no parece vaya a significar un cambio significativo en la realidad.
Finalmente, los más peligrosos: aquellos que buscan poner en jaque el modelo económico que, mal que bien, ha logrado mantener el país a flote, particularmente en los últimos años. Grupos que dudan de los derechos de propiedad, que le tienen arisca a la libre iniciativa privada o que, simplemente, no entienden la importancia de la independencia del BCRP. Personas que lejos de entender nuestra realidad y los pilares de nuestro crecimiento, parecen anhelar los difíciles años del velasquismo.
Por otro lado, hay que ser justos y, considerando que vivimos en un mundo dinámico cuyas variables están en constante cambio, qué duda cabe de que todo es perfectible y la Constitución no es la excepción. Hay factores clave en nuestra actual constitución que pueden merecer un cambio parcial como son los temas de la inmunidad parlamentaria, el empoderamiento del mercado y/o los necesarios límites a la fiscalidad del estado. No obstante, como con la casa que necesita remodelarse, basta una reforma parcial para la cual existen dos mecanismos (mayoría absoluta más referéndum o votación favorable en dos legislaturas ordinarias superior a 2/3 del número legal de Congresistas) que incluso nos permitiría tengamos las reformas antes de la asunción de mando del nuevo presidente. Se hace innecesaria la reforma total.
Por lo tanto, puedo concluir que a la fecha no se encuentran razones contundentes que nos inviten a pensar en una reforma total de la Constitución y que, por consiguiente, nos obliguen a convocar a una Asamblea Constituyente, por lo cual, en caso algún colectivo pretenda un cambio debería enfocarse más en reformas parciales que ya tienen forma de hacerse y no en una reforma total que lo único que haría es hacer dudar a los mercados internacionales e inversionistas de nuestra madurez política y pondría en riesgo nuestra senda del crecimiento y el desarrollo. Como con la casa, no deberíamos derribar la Constitución por no estar a gusto con una u otra figura presente en ella.
David Alejandro Maco Cano.
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